Después que los problemas suscitados con la muerte de 27 internos dejó como saldo, diversos operativos en Piura, Arequipa y Lima, para fiscalizar y cerrar diversos centros, la nueva administración de DEVIDA aun no presenta la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2012/2016. Lo grave es que al demorarse este proceso de aprobación, demora todo el proceso de asignación de recursos institucionales del Estado, al conjunto de municipios y gobiernos regionales con los cuales trabaja. Al final del año, esto se reflejará en la escasa capacidad de gasto de las unidades ejecutoras.

Entretanto, quiero comentar con ustedes una interesante experiencia que viene teniendo el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com). En el Perú hay más de 50,000 internos en los centros de reclusión, de los cuales el 23% son por delitos de TID, la gran mayoría los eslabones más vulnerables de la cadena: micro comercializadores, transportistas, burrieres.

La experiencia que quiero compartir es la del Consultorio Jurídico del CIDDH que funciona –con un equipo de abogados de CEAS y de Facultades de Derecho- desde el año 2010 y atiende a 71 casos de mujeres que se encuentran recluidas por delitos de TID en el penal de Chorrillos y que carecen de una defensa adecuada (casos menos graves siempre).  Hasta la fecha, aparte de múltiples trámites y guía procesal, se ha logrado una gracia humanitaria, dos conmutaciones de pena, y, dos variaciones de mandato de detención y eso es importante en dos sentidos.

El relato de esta interesante experiencia de asesoría jurídica gratuita, me permite reflexionar sobre ¿cómo atacamos el narcotráfico sin distraernos en los eslabones más débiles?

Precisamente, uno de los aspectos fundamentales que planteó el Presidente Humala en sus primeros discursos era sobre la necesidad de atacar a los niveles más poderosos del narcotráfico. Es por ello que en los cinco meses de gestión así como en los planteamientos de la Estrategia de Control de Drogas que presentamos a la Presidencia del Consejo de Ministros (9 de enero del 2012), sostuvimos la necesidad de focalizar en ahogar a las organizaciones criminales a través de tres ejes: el control de insumos, la inteligencia policial para su desmantelamiento, y, el control del lavado de activos (cumplimiento del Plan Nacional que está en manos del Estado).

Por ello, el del Consultorio Jurídico en mención, se trata de un  ejercicio importante, porque ayuda a impulsar y acelerar los procesos penales de gente sin recursos. En algunos casos, ayuda a clarificar las opiniones y malas interpretaciones de fiscales y jueces, como ocurre por ejemplo para determinar las condiciones de la detención preventiva, o para determinar los casos de  posesión para consumo y diferenciarlo de la micro comercialización o gran tráfico ilícito. Estas diferenciaciones son un elemento importante para que los jueces dediquen más y mejor atención en los casos verdaderamente graves, como por ejemplo las investigaciones complejas sobre lavado de activos. Precisamente, con el Instituto de Defensa Legal estamos participando de un proceso de capacitación a operadores judiciales en este sentido.

Finalmente, mientras el Estado peruano -que tiene pocos y limitados recursos a disposición- no tenga la capacidad para seleccionar y discriminar solamente aquellos casos en los que se garantiza que se va a hacer mucho daño a la criminalidad organizada alrededor del tráfico de drogas, todo no pasará del discurso y de la cháchara.